Montoro y su Hacienda: la cúpula podrida que nadie quiere mirar
Mientras los telediarios siguen entreteniendo al pueblo con noticias marginales, el verdadero escándalo nacional se cuece en los despachos de Hacienda. El llamado caso Montoro ya no es una “pieza suelta” o un asunto anecdótico: ahora son dos cúpulas enteras del Ministerio de Hacienda las que están imputadas de un plumazo. Dos generaciones de altos funcionarios, tanto de la época de Cristóbal Montoro como de su sucesora en el Gobierno socialista, han sido formalmente investigadas por delitos relacionados con el uso fraudulento de datos fiscales confidenciales.
El epicentro del escándalo gira en torno a la Agencia Tributaria y el uso de la empresa privada Indra, a través de la cual se habrían canalizado contratos y desarrollos tecnológicos para explotar bases de datos fiscales con fines ilegales. Entre los nombres destacados se encuentran dos secretarios de Estado de Hacienda, varios ex altos cargos y responsables de la Dirección General de Tributos, así como funcionarios aún en activo. El juez los investiga por una lista que huele a cárcel: revelación de secretos, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.
¿Y qué dice el Gobierno? Silencio administrativo. Como si la cosa no fuera con ellos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limita a hablar de “respeto a la justicia” mientras defiende la honorabilidad de un sistema que se desmorona por dentro. Tampoco hay una sola palabra desde el PP, que prefiere mirar al techo y fingir demencia. El propio Montoro, retirado y blindado por la inercia institucional, apenas ha aparecido públicamente, refugiado en la red de complicidades tejidas durante sus años de poder.
Lo que estamos viendo es la caída definitiva del mito de Hacienda como garante de la legalidad. Si ya era grave que se usara el aparato tributario como arma política –recordemos las inspecciones selectivas, los “avisos” enviados a determinados medios y empresarios–, ahora sabemos que la estructura estaba podrida desde dentro. Se manipulaban datos, se desviaban contratos, se filtraban informes. Todo con una impunidad obscena.
No se trata solo de Montoro. Se trata de un sistema que permite a funcionarios muy bien pagados actuar como si fueran una mafia. Un sistema que, bajo gobiernos del PSOE o del PP, ha protegido con uñas y dientes a quienes debían vigilar el cumplimiento de la ley. ¿Cómo vamos a confiar en Hacienda si los que la dirigen están imputados por destrozar la ley?
El escándalo es tan monumental como ignorado. No verás editoriales en los grandes medios exigiendo dimisiones en cadena. No verás tertulias exigiendo responsabilidades políticas. No verás movilizaciones. Y mucho menos verás a Pedro Sánchez compareciendo para explicar por qué su gobierno ha mantenido en cargos de responsabilidad a personas hoy imputadas.
Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue siendo exprimido, fiscalizado, vigilado, inspeccionado. Cualquier error en la declaración de la renta se paga caro. Pero si eres parte de la cúpula, puedes manipular informes fiscales o adjudicar contratos a dedo sin que pase nada. Hasta que, por accidente o por venganza interna, alguien lo filtra. Así ha estallado el caso Montoro. Pero esto no es el final: es solo el principio de una verdad que muchos llevan años intentando tapar.
Este escándalo debe marcar un antes y un después. Pero no lo hará, porque la élite política y administrativa se protege a sí misma. Los mismos que se llenan la boca hablando de “regeneración” ahora están más callados que nunca. Y así seguirá todo… hasta que el sistema reviente del todo.