¡Indemnizaciones, contratos y decretazo eterno!

Bueno, bueno, bueno… parece que nuestro excelentísimo Gobierno tiene prisa, ya saben: “urgente”, “solidaridad”, “detener el genocidio” y toda esa orquesta, ¿verdad? Pues ahora resulta que hay que esperar… porque hay que pagar. Sí, pagar indemnizaciones millonarias. Sí, contratos con empresas israelíes. Sí, mínimo 20-30 contratos. Y sí, el decreto para prohibir compra/venta de armas con Israel (“el decretazo”) se retrasa.

¿Por qué? Porque, atención:

• Los contratos siguen vigentes. No son fantasmas, no son polvo ni fueron destruidos por accidente. Están ahí, firmados, espeluznantes contratos secretos o clasificados. Que alguien los firma, alguien los aprueba, alguien los supervisa… aunque luego te digan que no los conocían bien.
• Al romper unilateralmente estos contratos, el Estado tiene que pagar no sólo lo ya entregado o ejecutado, sino también lo que esas empresas israelíes ya han invertido + el lucro cesante (o sea, lo que dejan de ganar) que según dicen puede llegar al 25 % del total del contrato. ¿Se imaginan? Tu facturar normal + lo que ibas a facturar si todo seguía adelante.
• Además, los contratos son “clasificados”. Traducido: nadie sabe bien los detalles. Ni los montantes exactos, ni qué se comprometió, ni si esos contratos están vinculados con la OTAN o con acuerdos internacionales. Y claro, eso complica las cosas cuando quieres cancelarlos sin pagar un riñón.
• Y finalmente: hay que negociar antes de romper. Adiós decreto que entra mañana. Hola abogados, negociaciones, posibles arbitrajes internacionales, tribunales. Porque como no lleguen a un acuerdo, pues se arma la jurídica.

Todo esto nos deja dos lecturas (y sí, también una carcajada amarga):

1. Que aunque digan que van a actuar con claridad moral, a veces lo que más pesa es la carpeta de los costes económicos. Mucho “por los derechos humanos”, “por Gaza”, “por la ética”… pero con la calculadora al lado.
2. Que un decreto no se hace solo con buenas intenciones y discursos bonitos en televisión. Hace falta chequear cifras, contratos, consecuencias, cláusulas secretas, y todo ese circo burocrático que suele retrasar todo lo que suena a “acción inmediata”.

¿Conclusión? Que el decretazo sigue pendiente. Que las buenas palabras pesan poco si luego sale que vas a tener que soltar millones. Que el Gobierno quería quedar bien y demostrar firmeza, pero la firmeza cuesta. Y parece que al bolsillo le gusta más esperar que salir corriendo al ruedo.

¿Y qué harán ahora? Pues algo como:

• Intentar rebajar las cuantías al máximo (“oye, colega, que no tengo para tanto”).
• Ver si algunos contratos se caducan o se extinguen naturalmente y así no pagar indemnización (que eso ayuda).
• Escurrir el bulto: “ah, no, aquello lo firmó otro”, “las cláusulas secretas no las vimos”, etc.
• Negociar fuerte con abogados y empresas hasta que todos acepten menos de lo que pedían (o aceptar pleito internacional, si no queda más remedio).

Mientras tanto, los anuncios grandilocuentes quedan para fotos, discursos y cuentas de redes sociales. Y es que cuando se trata de rectificar con dinero real… uno se da cuenta de que las promesas son como los contratos clasificados: cuesta ver lo que hay dentro.

¿Soy malpensado? Quizá. ¿Desinformado? Probablemente. Pero vaya, no soy el único que huele la cuerda floja cuando te dicen que “vamos ya” y luego te dicen que “espera una semanita más, por favor”.

Este contenido se ampara en el derecho a la libertad de expresión. Tiene un tono sarcástico, irónico y subjetivo, y está basado en noticias previamente publicadas en medios de comunicación. Si algún político se siente aludido, es pura coincidencia. O no.

Nos vemos en el próximo post.