ERC y Bildu pillados: las cuentas bancarias fantasma de los dos millones

España, año 2025. Los titulares de prensa ya no sorprenden a nadie, pero cada cierto tiempo aparece una noticia que, incluso en este país tan acostumbrado a los escándalos políticos, logra superar el listón. Hoy es el turno de ERC y Bildu, que vuelven a demostrar que, para algunos, las leyes están para interpretarlas… o directamente para ignorarlas.

Según ha revelado el Tribunal de Cuentas, la coalición “Ahora Repúblicas” —que agrupa a ERC, Bildu, el BNG y Ara Més— ocultó deliberadamente dos de las tres cuentas bancarias que empleó para la campaña de las elecciones europeas de 2024. ¿Por qué es esto grave? Porque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es clara: todas las cuentas deben ser notificadas a la Junta Electoral antes del inicio de la campaña, para garantizar la transparencia y el control del gasto. No hacerlo constituye un incumplimiento directo de la normativa electoral.

Pero lo mejor viene ahora: pese a esta irregularidad, el Tribunal de Cuentas no ha propuesto sanción alguna. Ninguna multa, ninguna retención de subvenciones, ningún correctivo. Como si todo esto fuera un simple despiste administrativo. Mientras tanto, en la vida real, cualquier ciudadano que se olvide de adjuntar un papel a Hacienda recibe una notificación y una sanción exprés. Dos varas de medir que en este país parecen ya parte del ADN institucional.

Los números, como siempre, son la parte más jugosa del asunto. En total, la coalición movió 2.006.908,71 euros durante la campaña. De esa cifra, 917.807,25 euros fueron a parar a propaganda electoral —carteles, mítines, anuncios en redes— y 1.089.101,46 euros se destinaron a lo que oficialmente se llama “gastos ordinarios”. Que nadie pregunte demasiado qué entra en esa categoría, porque la respuesta probablemente sea más creativa que una novela de ficción.

Para redondear la jugada, ERC y Bildu ya han recibido un anticipo de las subvenciones electorales: más de medio millón de euros de dinero público ingresados en sus cuentas (las declaradas, claro). Y lo han hecho sin que el incumplimiento legal les suponga un solo euro de penalización. Es como presentarse a un examen sin estudiar y, en lugar de suspenderte, darte un diploma de honor.

El contraste con la realidad que vive cualquier ciudadano es sangrante. Imagínese un autónomo que se olvida de declarar un ingreso de 200 euros: no tardará en recibir una carta certificada con una sanción que incluye recargo, intereses y, si se descuida, hasta amenazas veladas de embargo. Pero para ciertos partidos, las irregularidades de millones de euros son gestionadas con una cordial palmada en la espalda.

Este episodio no es aislado. Se suma a una larga lista de casos en los que el control institucional parece tener una eficacia selectiva. Las leyes están escritas, pero su aplicación depende, muchas veces, de quién seas. Y aquí es donde la ciudadanía empieza a preguntarse: ¿para qué sirve el Tribunal de Cuentas si, cuando detecta una infracción, no aplica ninguna consecuencia real?

Algunos dirán que el sistema es garantista, que hay que respetar los procedimientos, que la sanción no es automática. Pero la sensación que queda en la calle es la contraria: que la impunidad política no solo existe, sino que está institucionalizada. Que los mismos organismos que deberían velar por la integridad del proceso democrático se limitan a constatar la irregularidad y pasar página.

Mientras tanto, ERC y Bildu continúan con su actividad política como si nada hubiera pasado. Sus tres escaños en el Parlamento Europeo están asegurados, sus cuentas —las que quisieron declarar— siguen activas, y el dinero público fluye sin interrupciones. En un país con una memoria política tan frágil, saben que el escándalo de hoy será olvidado en cuanto llegue la próxima polémica.

Y así, un día más, España confirma que la regeneración política es un espejismo. Un unicornio que todos dicen perseguir pero que, cuando aparece la oportunidad de demostrarlo, se desvanece entre informes técnicos, excusas jurídicas y silencios cómplices. Y como diría aquel viejo refrán adaptado a la política patria: aquí, el que la hace… cobra.