El escándalo del Comisionado de la DANA: ¿Quién protege al que miente?

Es el colmo de la desvergüenza institucional. Mientras cientos de familias en la Comunidad Valenciana siguen sufriendo las consecuencias de la DANA de 2019 —inundaciones, daños materiales, desamparo administrativo— resulta que el “comisionado” nombrado por el gobierno valenciano para coordinar la reconstrucción podría haber accedido al cargo con un título académico falseado. Y lo peor no es la sospecha: lo insoportable es el silencio.

La noticia publicada revela que el propio responsable, Jorge Rodríguez, ni siquiera ha negado que el máster en Prevención de Riesgos Laborales que figura en su currículum esté bajo investigación por parte de la Agencia Valenciana Antifraude. ¡Ni un mísero desmentido! ¿En qué clase de república bananera se ha convertido nuestra administración autonómica?

El cargo fue creado a dedo por el anterior presidente, Ximo Puig, y dotado de una generosa asignación anual de 70.000 euros. Rodríguez, con un historial plagado de polémicas y escándalos, fue premiado con esta cómoda sinecura a pesar de los múltiples indicios de irregularidades. ¿Es este el precio de la lealtad política?

El caso es aún más grave si tenemos en cuenta que no se trata de un error administrativo: es una posible falsedad documental de alguien que debería estar gestionando recursos públicos en una tarea tan delicada como la reconstrucción tras una catástrofe natural. La falta de ética no es una anécdota: es estructural. Nadie investiga, nadie responde, nadie dimite. Es el retrato perfecto de una casta política completamente desconectada de la ciudadanía.

Mientras tanto, los vecinos de las zonas afectadas siguen esperando soluciones. Sus reclamaciones se acumulan en las estanterías del olvido. Y sus impuestos, curiosamente, sí llegan puntuales para pagar los sueldos de quienes, como Rodríguez, parecen haber hecho del cinismo su única cualificación académica.

La Comunidad Valenciana no necesita más comisionados decorativos ni enchufados reciclados. Necesita servidores públicos honestos, que lleguen al cargo por mérito y transparencia, no por relaciones políticas. Que un organismo como Antifraude esté investigando a un comisionado por tener un título presuntamente inventado no es un incidente: es una prueba más de que la regeneración institucional en esta tierra sigue siendo una promesa vacía.

Exigimos responsabilidades, dimisiones inmediatas y que se haga pública toda la documentación relacionada con el supuesto máster de Rodríguez. Si es verdad que se trata de un título inexistente o manipulado, cada día que continúa en el cargo es un insulto directo a todos los ciudadanos decentes.

Basta ya de blindar a los nuestros. Basta ya de premiar la mentira. Si no se pone fin a esta cadena de escándalos consentidos, pronto la única prevención de riesgos que necesitaremos será para protegernos del propio sistema político.